El alcalde de Baza gana 52.000 euros al año y el de Huéscar 54.000, más de cuatro mil euros al mes en una de las zonas más deprimidas de Andalucía y de toda España. Hay que añadir los concejales liberados y los cargos políticos de confianza que suponen cientos de miles de euros anuales a costa del erario público. Todo perfectamente legal porque las mayorías políticas en los plenos de los ayuntamientos así lo determinan y así lo imponen. Pero ¿es ético cobrar semejantes cantidades del dinero público tal y como están de mal las arcas municipales? ¿es moral tener semejantes retribuciones como representantes públicos cuando sus vecinos están sufriendo los efectos devastadores del paro, de la falta de ingresos e incluso de la falta de vivienda digna? No vale la excusa de una presunta dedicación exclusiva de los cargos públicos al servicio de la ciudadanía, porque la mayoría de ciudadanos que conserva su empleo lo hace a base de trabajar más y cobrar menos por la misma dedicación exclusiva. En realidad nos están faltando el respeto a todos: mantienen sus privilegios económico-políticos, mantienen sonrojantemente su status de “clase superior”, mientras que nos imponen sacrificios fiscales, laborales, vitales, a una ciudadanía cada vez más desesperanzada. Lo peor de todo es que, en una época donde no queda ni un euro en las administraciones públicas, el recorte de parte de los privilegios económicos de la clase gobernantes vendría genial para crear empleo en los municipios. Aunque quizás esto sea pedirles demasiado
Guerrero del Norte (Bastetano) 